Disputa entre ambientalistas y empresa minera por el Páramo de Santurbán
El 28 de agosto, Minesa, empresa de los Emiratos Árabes, pidió ante la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) permiso para la explotación minera del terreno circundante al Páramo de Santurbán. Esto ha generado la reacción de los ambientalistas. Entérese aquí, de forma corta y clara, el conflicto entre los ambientalistas, el gobierno y Minesa.
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El Páramo de Santurbán está ubicado en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Es un ecosistema indispensable para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático. Además, tiene una rica diversidad de fauna y flora. El páramo surte agua a 2,5 millones de personas en Bucaramanga, Cúcuta y otros municipios. En estas dos ciudades han marchado para proteger Santurbán.
La empresa Minesa, de los Emiratos Árabes, presentó una solicitud para extraer oro en los alrededores de lo que fue delimitado como páramo. La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energías ya aprobaron el plan de trabajo. Solo falta la aprobación de la ANLA para instalar la mina, que promete la creación de 5 mil empleos, según el ministro de minas Germán Arce.
Los ambientalistas y algunos ciudadanos, incluido el alcalde de Bucaramanga, se han opuesto al proyecto minero. De acuerdo con los opositores, el proyecto afectará las fuentes hídricas que suministran agua a la región y alterará negativamente este ecosistema. Les preocupa la afectación que tendrán las extracciones mineras a poca distancia del área delimitada.
Por otro lado, el ministro de Minas aseguró que Minesa no explotará minerales por encima de la línea del páramo. Juan Camilo Montoya, vicepresidente de sostenibilidad de Minesa, afirmó que tienen información técnica que demuestra que el proyecto no afectará a Santurbán.
El área del páramo fue delimitado en el 2014 por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, recientemente la Corte Constitucional emitió un fallo donde derogó esa delimitación por no haber tenido en cuenta a la comunidad. Dio al gobierno plazo de un año para convocar la comunidad y concertar una nueva delimitación. La disputa continua.
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