En abril de 2021 se presentó ante el Congreso una reforma tributaria que pretendía extraer $16 billones de los bolsillos de los colombianos, ignorando la realidad del ciudadano de a pie. Como era de esperarse, los ciudadanos salieron a las calles. A este país, la corrupción le cuesta $50 billones anuales. Se concebía inaceptable que las personas pagaran los platos rotos de aquellos hijueputas.
Los colombianos, en una actitud comprensible, se hicieron sentir. Con la misma fuerza, se hicieron sentir los balazos de la fuerza pública y las amenazas de un Gobierno asesino. Mientras las redes se inundaban de videos de asesinatos a manifestantes por parte de la fuerza pública, el presidente del país pedía la militarización de las zonas urbanas y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, clamaba por la defensa del uso de las armas. ¿Qué más se podía esperar de un personaje que contribuyó con la creación de los paramilitares y que, durante su Gobierno, fueron asesinados más de 6.000 inocentes hechos pasar por guerrilleros?
Mientras el Gobierno y su partido, enardecidos clamaban por más represión, la comunidad internacional se conmovía ante las decenas de videos de madres llorando junto a los cadáveres de sus hijos, de manifestantes agonizando en el suelo por culpa de aquella sádica demostración de poder estatal. Las Naciones Unidas denunciaban el exceso de fuerza y la Comisión de Derechos Humanos de la misma organización en Colombia aseguraba que sus funcionarios habían sido amenazados por la Policía mientras investigaban lo que sucedía en las protestas.
Nada de esto pareció importarle al partido del Gobierno asesino: Carlos Felipe Mejía, Álvaro Prada y Nicolás Pérez, pidieron al presidente declarar el Estado de Conmoción Interior: una figura que le otorga al jefe del Ejecutivo poderes excepcionales, como restringir las movilizaciones sociales, asumir el control de la radio y la televisión, permiso para que la fuerza pública allane domicilios y capture ciudadanos sin orden judicial previa, entre otros.
Hoy, 4 de mayo de 2021, las redes sociales están inundadas de sangre colombiana, sangre guerrera, heroica y pujante que lucha por un país más justo, más empático, un país para todos. En la historia quedarán escritos aquellos sucesos en los que, mientras el pueblo clamaba justicia, el Gobierno dictatorial del Centro Democrático los callaba a punta de bala.
Julián David Rojas Bolaños
